El Ministerio de Hacienda tiene prevista la revisión total de la fiscalidad sobre la riqueza y rentas de capital

Montero moviliza a los Tributos y al Instituto de Estudios Fiscales en busca de propuestas para aplicar un mayor control fiscal de la riqueza española

 

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha puesto en marcha a los equipos de la Dirección General de Tributos y al laboratorio de ideas del Ministerio (Instituto de Estudios Fiscales) para conseguir un menú con diversas opciones para la mejora de la tributación sobre la riqueza, incluyendo las rentas de capital, uno de los objetivos prioritarios del nuevo Gobierno de Coalición.

 

Con este movimiento, el Ministerio de Hacienda se ha propuesto conseguir un gran abanico de posibilidades para actuar sobre la imposición de la riqueza a lo largo de la nueva legislatura de este Gobierno. Algunas de las medidas a tomar ya se incluyeron en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019, no aprobado por el Congreso de los Diputados, donde se encuentran la subida del tipo máximo del IRPF en dos puntos para las rentas superiores a 130.000 euros y a cuatro puntos para la superiores a 300.000 euros o la subida de un punto en el tipo del Impuesto de Patrimonio para aquellos que acrediten bienes y ganancias superiores a los 10 millones de euros.

 

Además, existen otras medidas que no son de la misma naturaleza pero sí orientadas al mismo colectivo, como un mayor control sobre las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAVS) o el gravamen especial del 15% sobre las ganancias no distribuidas por las Sociedades Cotizadas Anónomas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMIS). Dichas medidas del Ministerio de Hacienda afectan, sobretodo, a las figuras impositivas que gravan la renta y el patrimonio personal. 

 

En el caso del Impuesto sobre la Renta, por ejemplo, se ha solicitado información para una posible reconfiguración de la imposición sobre las rentas de capital, que actualmente se mueve entre el 19% y el 23% en función de las ganancias obtenidas, para aproximar su tratamiento fiscal al que reciben las rentas del trabajo. Los planteamientos con respecto al Impuesto sobre el Patrimonio buscan tanto derogar su naturaleza temporal para instaurarlo de pleno derecho como una figura más del sistema tributario, como establecer un suelo obligatorio de tributación para evitar que las mayores fortunas del país acudan en masa a zonas donde se disfruta de una exención total en este impuesto y, también, detraer los recursos a los que las comunidades autónomas renuncian por este tipo de exenciones de los fondos a los que tienen derecho dentro del sistema de financiación autonómica.

 

Esta búsqueda de opciones gubernamentales puede afectar también a los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones, concretamente, a la que reduce la carga fiscal sobre la transmisión de los negocios familiares para mejorar, de esta manera, la aportación a las arcas públicas de las mayores fortunas del país. La redacción de la norma estatal del Impuesto sobre Sucesiones exime, por defecto, en un 95% la transmisión por causa de muerte de la empresa individual, el negocio profesional o las participaciones en entidades heredadas por el sucesor. En cuanto al Impuesto sobre Donaciones, la práctica de los gobiernos autonómicos ha elevado la exención al 99% y la han extendido a las transmisiones de “inter vivos” agravando este impuesto y situando el tipo impositivo sobre estas transmisiones en el 1%.

 

Finalmente, las propuestas del Ministerio de Hacienda apuestan por la modulación de dicha exención fiscal y reservarla a los pequeños negocios familiares, estableciendo un gravamen mayor para la transmisión entre familiares de empresas con niveles de facturación más elevados (al menos del 5% como dicta la norma estatal).

 

 

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